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Reformar la corrupción

Actualizado: 19 may 2021

Por lo tanto lo que se requiere –aunque suene descabellado - es reformar la corrupción, o llevarla a niveles mínimos – sin eufemismos – […], y esto no quiere decir que se acepte, o que se deba ser tolerante con algún acto de corrupción.

Un expresidente de Colombia al finalizar la década de los setenta - y fue objeto de burlas por ello - condenó su legado a una frase lapidaria: “reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Posiblemente para la época y considerando la cultura vivaz tropical del colombiano, se convirtió ese planteamiento en tema de burlas, y por supuesto terminó siendo menos que una anécdota. Sin embargo, sin ser presentista, para el momento convulsionado del país, al estar inmerso en un Paro Nacional, debería la corrupción ser un tema fundamental de la discusión nacional ya que la mayoría de exigencias – por no decir todas - que se le hacen al Estado o al Gobierno requieren de financiación, y acopiar recursos en un marco de pospandemia - aún muy lejano - no será nada sencillo ya que seguramente requerirá de varias reformas tributarias, sin contar con la necesaria armonía política (mayorías parlamentarias) para hacerlas realidad, algo complejo en un marco de desempleo, quiebra de emprendimientos de la clase media principalmente y polarización.


Por supuesto los discursos desde la institucionalidad, enfocados al recaudo por medio de impuestos, aumentando la deuda externa o el exagerado proteccionismo a los grandes capitales y la Banca no serán una opción, no sólo por el momento histórico, sino porque es una receta demasiado trillada y de la cual ya se conocen consecuencias desastrosas como lo fue la famosa “Apertura Económica” o los mecanismos de financiación a grandes capitales con “Agro Ingreso Seguro”. Considerar gravar los bienes y servicios más básicos con el impuesto del IVA, no sólo fue un desatino político, sino una realidad cuya máxima es gobernar sin planificación y a espaldas de las necesidades del país.


Según cifras de la Contraloría General de la República en el año 2020 se perdieron en sobornos, apropiación de bienes públicos, extorción y nepotismo, cerca de 50 billones de pesos, es decir el 17% del presupuesto general de la nación. Y escribo “se perdieron” porque realmente la efectividad de los entes de control para poner tras las rejas a los perpetradores y recuperar los recursos es exigua, alrededor del 8%. La corrupción en un factor común que gobierna las acciones del Estado y a todos los niveles administrativos, la cultura de la corrupción está arraigada en el imaginario colectivo en la cual aquella se acepta a raja tabla, y no se observa, por ejemplo, de manera tajante en el pliego de peticiones del Comité del Paro Nacional, siendo uno de los principales problemas generadores de la desigualdad.


Si se lograra poner cortapisas al tamaño del Estado (menos puestos asignados por "compadrazgo"), corregir los procesos de contratación, castigar severamente a responsables de apropiarse de los recursos públicos como los de la Salud, alimentos escolares, carteles de contratación; si se pensara en controlar desfalcos como los de Reficar, no se necesitarían reformas tributarias para garantizar mayor inversión en los programas sociales, y se podría brindar un mejor futuro para las nuevas generaciones de Colombianos.


¿Por qué no se reforma el Estado para disminuir la corrupción?, en parte la culpa está – aunque no se quiera reconocer abiertamente – en el momento de elegir a los gobernantes, y principalmente a los hacedores de leyes: el Congreso de la República y los altos cargos del Estado. Desafortunadamente la sociedad colombiana no es responsable con la democracia, tal vez por apatía a la política, o por desconocimiento de la misma (ni hablar de la polarización), y ese analfabetismo coadyuva a que no se generen procesos de veeduría y que se deje la gran mayoría de actuaciones del Estado en manos de la democracia representativa, la cual está permeada por la corrupción, en parte por la designación de cargos de libre nombramiento y remoción, por la asignación de contratos y por las mismas leyes que los favorecen.


Por lo tanto lo que se requiere – aunque suene descabellado - es reformar la corrupción, o llevarla a niveles mínimos – sin eufemismos – que permita lograr una mayor inversión social, y esto no quiere decir que se acepte, o que se deba ser tolerante con algún acto de corrupción. Por el contrario lo que indica es que la sociedad colombiana debe dejar de ser puritana, y entender que es la corrupción uno de los mayores flagelos al que se ha acostumbrado.


Algunos aspectos harían la diferencia para disminuir la corrupción: se debe iniciar con la responsabilidad individual al momento de elegir mandatarios, con individuos con ética en los altos cargos, modificando procedimientos de contratación con pliegos tipo e incentivando las veedurías y sobre todo con austeridad y buen manejo fiscal. Algunos dirán que es una utopía, tal vez esos mismos son los que se niegan a ver las calles llenas de manifestantes, los que gobiernan a espaldas de la realidad.

Si no se logra un cambio en esa dirección, seguiremos siendo espectadores de como los corruptos son reconocidos como la estirpe que debe pasar a la historia. Es tiempo de buscar una reforma medular que contribuya a las necesidades de la sociedad y que no sea ajena a incluir la corrupción en su discusión.


Por supuesto que se requiere una revolución, pero de ideas y de conductas sociales, ya se están divisando sus albores.


Apóstrofe: Es necesario que los miembros de la fuerza pública tomen conciencia sobre el hecho de que la protesta es un derecho constitucional y que se debe garantizar su desarrollo (que la misma fortalece la democracia), y sobre todo se debe respetar la vida de los manifestantes. También es imperativo que los manifestantes comprendan que el derecho a la protesta no es una patente de corso para vandalizar los bienes públicos y privados y agredir a las personas. De parte y parte se requiere organización, reglas claras, responsabilidad y sobre todo respeto.

 
 
 

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