Política Nacional del Agua 2026–2050

"El verdadero desafío de la Política Nacional del Agua no es formular nuevos principios, sino construir la capacidad institucional para convertirlos en resultados verificables en el territorio."

I.                  INTRODUCCIÓN

La Política Nacional del Agua 2026–2050 (Política del Agua), representa un avance significativo en la forma en que el país concibe la gestión del recurso hídrico. La incorporación de principios tales como la justicia al acceso del recurso hídrico, entendido como una distribución equitativa del agua, y el ordenamiento territorial alrededor del agua constituye un cambio superlativo en comparación al enfoque adoptado en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico del año 2010, así mismo es una apuesta que no se concebía desde el Código Nacional de los Recursos Naturales y el Ambiente del año 1974.

Sin embargo, quienes hemos trabajado de cerca en la gestión ambiental conocemos los abismos que existen entre la formulación de las políticas y su grado de implementación efectiva en el territorio, más aún en zonas distantes o de la Colombia profunda. Este problema es estructural e históricamente ha limitado la gestión del agua en el país, y si no se incorpora de forma clara y financiable, la nueva propuesta de política podría enfrentar las mismas dificultades que han afectado a otros instrumentos de planificación como los POMCAS, los POT y los enfocados a la gestión de los bosques.

A continuación, presento algunas opiniones y recomendaciones, enfocadas en los principales desafíos identificados en el documento borrador y algunas propuestas orientadas a fortalecer la futura implementación de esta política pública.

II.               LIMITACIONES

El borrador de la propuesta incorpora conceptos modernos y una visión integral del recurso hídrico, pero se mantienen algunos aspectos que pueden ser mejorados o estructurados de manera articulada con el fin de tener un mayor impacto a nivel local:

1. Fortalecer una implementación real y práctica

El país cuenta con un marco normativo robusto en materia ambiental; sin embargo, su aplicación en los territorios continúa siendo desigual. Muchas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) enfrentan limitaciones presupuestales, administrativas y técnicas que dificultan la implementación de instrumentos como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA); también muchas de ellas están permeadas por la “politiquería” que contribuye a una planeación miope y cortoplacista, que no tiene en cuenta políticas públicas de largo aliento o en el marco de planeación territorial.

La Política del Agua parte del supuesto de que la expedición de nuevas normas será suficiente para transformar la gestión del agua, cuando el principal desafío radica en fortalecer la capacidad institucional para hacerlas efectivas, es decir, que puedan permear las acciones en territorio y vincular actores clave como las Juntas de Acción Comunal, líderes ambientales y los mismos Consejos de Cuenca.

2. Articulación con diferentes sectores

La gestión del agua continúa desarrollándose de manera fragmentada entre los diferentes sectores del Estado. Mientras el denominado sector ambiental promueve la conservación de los ecosistemas y en espacial del agua o del recurso hídrico, otros sectores, como lo son el de infraestructura, agricultura, minería o energía, mantienen sus objetivos en la producción de bienes y extractivismo, que desembocan en tensiones con las estrategias de protección ambiental, especialmente en momentos de transición de Gobiernos, como el actual.

La Política del Agua reconoce la necesidad de coordinación institucional, pero no establece mecanismos suficientemente vinculantes que permitan armonizar las decisiones entre sectores, lo que genera una gestión del recurso hídrico sin coordinación transversal institucional.

3. Información dispersa y de poco acceso

Se dispone en el país, de importantes sistemas de información relacionados con el recurso hídrico, como el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), la información del IDEAM, otros Institutos de Investigación, Gobernaciones y algunos Municipios, que han generado sus propias plataformas. Sin embargo, estos sistemas funcionan de manera aislada y presentan limitaciones para intercambiar información en tiempo real, con las mismas metodologías y escalas de análisis.

Esta fragmentación reduce la capacidad de las autoridades para anticipar riesgos, priorizar inversiones y responder oportunamente a fenómenos como sequías, contaminación o conflictos por el uso del agua.

4. Enfoques en los procesos correctivos y no preventivos

La inversión pública tradicionalmente se ha enfocado en atender los impactos o conflictos por el uso del agua, una vez se han materializado, esto mediante obras de saneamiento o infraestructura hidráulica; pero la financiación destinada a la conservación de cuencas, restauración ecológica, protección de páramos y soluciones basadas en la naturaleza continúa siendo limitada o nula en los procesos de planeación.

Adicionalmente, los recursos provenientes de las tasas por uso y aprovechamiento del agua y por tener la posibilidad de hacer vertimientos no siempre retornan a las cuencas que los generan, sino se realizan compensaciones en otros lugares bajo el supuesto de contribuir en la cuenca afectada y de esta forma reduciendo su capacidad para financiar acciones locales de conservación.

5. Participación ciudadana frágil

La Política del Agua reconoce la importancia de la participación social, sin embargo, los actuales Consejos de Cuenca mantienen un papel principalmente consultivo y en algunos casos marginales, sin articulación real con entidades y tomadores de decisiones. En la práctica, las comunidades participan en procesos de diálogo y supuestas capacitaciones, pero cuentan con poca capacidad para incidir en las decisiones finales, perdiendo la oportunidad de contar con actores interesados en los procesos y el conocimiento local.

Esta situación genera desconfianza y limita la apropiación social de los procesos de gobernanza del agua y se generan desperdicios de recursos que no propenden por la incidencia real de las políticas, en este caso en influir en el cambio de la conciencia colectiva sobre el uso del recurso hídrico.

III.           PROPUESTAS

Con el fin de que se tenga concordancia entre lo formulado y la incidencia real en la ejecución de la Política del Agua, es pertinente incorporar mecanismos institucionales que permitan hacer operativos los principios de la misma:

1. Articulación de los sistemas de información

Es necesario establecer un marco normativo que garantice la integración, en tiempo real, de las bases de datos relacionadas con catastro, servicios públicos, concesiones de agua, vertimientos, uso del suelo y monitoreo ambiental.

Generar una plataforma interoperable, con inteligencia artificial, permitiría conocer, casi en tiempo real, quién utiliza el recurso hídrico, en qué cantidad, bajo qué autorización y cuáles son las principales presiones sobre cada cuenca. Por supuesto fortaleciendo la capacidad operativa de quiénes toman los datos y de los supervisores de la misma.

2. Destinar los recursos de cada cuenca a su conservación

Los recursos recaudados mediante tasas por utilización del agua y por vertimientos deberían destinar un porcentaje obligatorio a la restauración, conservación y monitoreo de la misma cuenca donde se han generado. Este mecanismo ayudará a fortalecer la corresponsabilidad en el territorio y podría garantizar una mayor sostenibilidad financiera para las acciones de conservación, que son mínimos a nivel local.

3. Incorporar elementos vinculantes en los POT

Considerar las áreas estratégicas para la regulación y gestión hídrica, como lo son las zonas de recarga de acuíferos, nacimientos de agua y ecosistemas de alta importancia hidrológica, deberían contar con una protección efectiva que limite decisiones de ordenamiento incompatibles con su conservación. Las determinantes ambientales locales deben convertirse en un criterio vinculante dentro de los procesos de planificación territorial, a escalas más detalladas, ya que los inventarios actuales de las mismas están a escalas generales y semidetalladas lo que puede dejar por fuera áreas pequeñas que requieren el mismo tratamiento limitante para su uso por las autoridades ambientales.

4. Crear mecanismos para la resolución de conflictos

Los conflictos por el agua requieren instancias técnicas imparciales que permitan generar confianza con las comunidades, autoridades y sectores productivos. Universidades, centros de investigación y organismos técnicos independientes podrían desempeñar un papel relevante como terceros neutrales en procesos de mediación y evaluación técnica de impactos ambientales.

5. Fortalecer la gestión de las aguas subterráneas

La seguridad hídrica del país depende no solo de su agua superficial: ríos y embalses, sino también de su agua subterránea con sus acuíferos. Es indispensable avanzar en la identificación, caracterización y protección de las reservas estratégicas de agua subterránea, incorporándolas como parte de la planificación frente a eventos de variabilidad climática, especialmente durante episodios asociados al fenómeno de El Niño e igualmente que sean determinantes ambientales para su incorporación en la planeación local del territorio.

6. Cambios en los Consejos de Cuenca

Realizar los cambios administrativos necesarios para que los Consejos de Cuenca pasen de ser órganos consultivos a instancias efectivas de gobernanza del recurso hídrico. Si se busca consolidar una verdadera gobernanza del agua, los Consejos de Cuenca deben evolucionar hacia espacios con mayores capacidades técnicas, financieras y de incidencia, tomando como referencia experiencias internacionales exitosas y locales en la gobernanza del agua por comunidades campesinas e indígenas.

IV.            ESCAZÚ

El Acuerdo de Escazú debe estar reflejado en la Política del Agua como una oportunidad para fortalecer la gobernanza del agua a nivel territorial, ya que ofrece un marco jurídico que puede impulsar la implementación de la misma, especialmente en los siguientes temas:

*Participación efectiva (artículo 7): Al fortalecer las capacidades de los Consejos de Cuenca se lograría avanzar hacia procesos donde la participación ciudadana tenga incidencia real en la toma de decisiones y no sean “convidados de piedra”.

*Acceso a la información (artículos 5 y 6): la integración de los sistemas de información y la publicación de indicadores de gestión favorecerían una mayor transparencia y control social, especialmente en la evaluación del impacto real de los POMCAS y de los POT.

Acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales (artículos 8 y 9): Si se fortalecen las instituciones, con respaldo técnico y financiero contribuiría a reducir los conflictos socioambientales y brindarían mayores garantías para quienes participan en la defensa de los recursos hídricos, más aún conociendo las presiones a defensores del ambiente en el país.

V.                CONCLUSIONES

La Política Nacional del Agua 2026–2050 constituye una oportunidad para seguir fortaleciendo y transformar la gestión del recurso hídrico en el país. Sin embargo, su éxito dependerá poco de la incorporación de nuevos principios y más, que es lo que se propone, de la capacidad institucional para convertir esos principios en acciones concretas, financiables y verificables, con el fin que los instrumentos sean medibles y con acciones reales sobre la formulación en los territorios.

La experiencia en la gestión del recurso hídrico ha demostrado que las políticas públicas producen resultados cuando existen instituciones fortalecidas, mecanismos efectivos de coordinación, sistemas de información integrados, financiación sostenible y una participación ciudadana con capacidad real de incidencia. Sin que se incorporen estos elementos puede que esta política sea un ejercicio de planeación con escaso impacto en los territorios.

Nota: Este texto fue realizado en el marco de las funciones de Consejero del Consejo de Cuenca Media del Río Bogotá. Las opiniones personales planteadas en este escrito no comprometen a ninguna de las entidades que tengan relación con el autor.

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